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@SenadisLosLagos07/04/2017
Esta Ley establece una reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios; así como la derogación del artículo número 16 de la Ley 18.600 que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
Puerto Montt, 7 de abril de 2017. Como una excelente noticia para la región calificaron autoridades regionales la pronta promulgación de la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, iniciativa que obtuvo un amplio y transversal respaldo el pasado 4 de abril en la Sala del Senado.
El seremi de Desarrollo Social, Gonzalo Reyes, informó que esta Cartera junto al Ministerio del Trabajo y SENADIS trabajaron en una indicación sustitutiva sobre la base de 11 mociones parlamentarias para una Ley de Inclusión Laboral, con el objeto de asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y plena inclusión de las personas en situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado a través de una reserva legal de empleo. “Es así como hoy se establece, entre otras materias, una reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Además, fija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial y no sin limitación de edad como es en la actualidad”.
Para la directora de Senadis Jessica Droppelmann la promulgación de la ley será un gran desafío para la región, “Su aprobación es un nuevo desafío para la región, significa que la Inclusión de Personas con Discapacidad es un tema que todos y todas debemos comprender y practicar, sin excepción, significa un cambio cultural, que estamos construyendo una país en el cual se respeta la diversidad, las competencias y que entrega igualdad de oportunidades para quienes lo necesitan”. La directora destacó además que esta ley establece la obligatoriedad de empresas a generar las reservas laborales correspondientes para contratar a personas con Discapacidad, pero también la regulación de la misma, a través de entidades fiscalizadoras, multas y consideraciones.
Las autoridades resaltaron también que este proyecto consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo e incluye a quienes reciben una pensión de invalidez (de cualquier régimen previsional), además de aquellas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Asimismo, aborda una materia altamente demandada terminando con la discriminación salarial por medio de la derogación del artículo número 16 de la Ley 18.600 que permitía que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
La fiscalización de esta ley la realizará en el sector público la Contraloría General de la República la cual estará apoyada para velar por el cumplimiento de la Ley por el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio Civil, y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.
Cabe señalar que, según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, el segundo estudio entregó que el 20,3% de la población adulta de la región de Los Lagos se encuentra en situación de discapacidad, proporción muy cercana al promedio nacional (20%), de los cuales el 11,2% presenta discapacidad leve a moderada y el 9,1% discapacidad severa.
En tanto, en materia laboral, la población que participa del mercado laboral, es decir que está disponible para trabajar (ocupado o desocupado) en la población en situación de discapacidad es un 40,3%, comparado a un 71,3% de la población sin situación de discapacidad. Un 78,7% de la población en situación de discapacidad severa está inactivo, es decir que no trabaja y que no está buscando empleo por diferentes razones, mientras que un 44,1% de la población en situación de discapacidad leve a moderada se encuentra en esta condición, a diferencia de un 28,7% en la población sin situación de discapacidad.