El Acceso a la Justicia es uno de los derechos más relevantes establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 13.
Este consiste principalmente en la obligación de los Estados Partes de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Asimismo, a promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
A fin de avanzar hacia el efectivo ejercicio de este derecho, Senadis ha desarrollado el Programa Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, el cual considera el establecimiento de una red de colaboradores en el ámbito de la justicia, que posibilite que las personas con discapacidad accedan a una asesoría jurídica gratuita y especializada, y que los actores relevantes en el ámbito de la justicia tengan internalizada la variable discapacidad.
Este modelo se basa en la corresponsabilidad de la sociedad y, particularmente, de los actores relevantes del ámbito de la justicia en materia de los derechos de las personas con discapacidad y en evitar la constitución de organismos y procedimientos paralelos y especiales que no contribuyen al nuevo paradigma de inclusión.