El Programa Acceso a la Justicia para personas con discapacidad consiste principalmente en el establecimiento de una red de colaboradores que cuentan con experiencia en asesoría jurídica y que se especializan para estos efectos, en materias de derecho de las personas con discapacidad a fin de otorgar una defensa oportuna y de calidad a quienes han sido víctimas de discriminación o vulneración de sus derechos en razón de su discapacidad.
Esta red está constituida esencialmente por las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país: CAJ Tarapacá, CAJ Valparaíso, CAJ Metropolitana y CAJ Biobío; Clínicas Jurídicas de ciertas Universidades; y algunas ONGs.
Las Corporaciones de Asistencia Judicial cuentan con un abogado especializado por región, quienes son los encargados de entregar asesoría jurídica y eventual representación judicial en aquellos casos de personas con discapacidad, que han sido discriminadas o vulneradas en sus derechos en razón de su discapacidad.
Este programa busca que las instituciones que participan de esta red, incorporen la variable discapacidad en su quehacer diario y que se vayan especializando en materias de derechos humanos de las personas con discapacidad; evitando el establecimiento de una defensoría exclusiva para todo tipo de casos en que se vea involucrada una persona con discapacidad.
El Programa Acceso a la Justicia se ha implementado como tal a partir de enero de 2015, sin perjuicio de haberse gestado en el año 2011 a través de un sistema de defensoría que ya contemplaba la colaboración con otras instituciones relacionadas a la defensa de derechos.
El Programa también cuenta con la realización por parte de SENADIS y de las Corporaciones de Asistencia Judicial, de actividades de capacitación, difusión y promoción de derechos hacia la sociedad civil y servicios públicos. Entre estas actividades está la capacitación a jueces y demás actores relevantes en el ámbito de la justicia, como Carabineros, Gendarmería y otros.