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@SenadisLosRios09/04/2018
Valdivia, 09 de abril.- Autoridades de la región invitaron a organismos públicos, civiles y militares, y a las grandes empresas privadas a cumplir la ley que este 1 de abril ya entró en vigencia.
El Seremi de Desarrollo Social, Carlos Rolack, junto a su par de Trabajo y Previsión Social, Feda Simic, en compañía del SENADIS y del Gerente Zonal de Unimarc Carlos Torrejón informaron a la ciudadanía de la región que desde el 1 de abril recién pasado entró en vigencia la ley de inclusión laboral.
La medida obliga a las empresas con más de 100 trabajadores contratados, tener al menos el 1% de sus trabajadores que sean personas en situación de discapacidad o que tengan pensión de invalidez, en relación al total de su personal.
En ese sentido, el Seremi de Desarrollo Social, Carlos Rolack, dijo que “en esta medida de inclusión social establece un marco de prohibición a todo acto discriminatorio, las empresas no podrán pagar un sueldo menor al ingreso mínimo, lo cual dará mayores garantías para ellos en los procesos de selección laboral del Estado”.
En la misma línea, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Feda Simic, agregó que "más allá de lo formal, esta política de Estado, es una opción más que entrega el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, para generar más oportunidades en materia laboral a nuestra sociedad y avanzar en materia de igualdad de oportunidades".
Asimismo, el Gerente Zonal de Unimarc Carlos Torrejón aseveró que “contamos con un programa de inclusión laboral desde 2012, el cual nos ha permitido incorporar a más de 200 personas en situación de discapacidad en nuestras diferentes tiendas del país. Un trabajo que hacemos en conjunto con Fundación Descúbreme, y que considera el acompañamiento y el monitoreo permanente del colaborador para lograr una incorporación beneficiosa y positiva tanto para él como para la compañía”.
La iniciativa legal, modifica la ley 20.422, incluye el cambio del Estatuto Administrativo, para establecer de manera explícita la prohibición de todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos de discapacidad. Junto a lo anterior, se modifica de la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, la cual se fija en 26 años, asimilándola a la edad de término de la educación especial.
En consideración al permanente cambio del mercado laboral y de la necesidad de adecuar el sistema de inclusión laboral a esta iniciativa, se incorpora formalmente la obligación de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social de evaluar conjuntamente su cumplimiento cada 4 años.
Finalmente, las autoridades de Gobierno y Unimarc concordaron en la relevancia de esta normativa, que establece un sistema de inclusión que apunta a que los organismos públicos, civiles y militares, y las grandes empresas privadas consideren en igualdad de condiciones a personas con cdiscapacidad.