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Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Personas que participaron en la reunión.
Personas que participaron en la reunión.

13/03/2018

Dirección Regional promueve una correcta puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral en reunión con Mina Invierno

Punta Arenas, 13 de marzo de 2018. Profesionales de la Dirección Regional de Senadis Magallanes se reunieron con representantes de Recursos Humanos de la Empresa Mina Invierno, con la finalidad de difundir y aclarar dudas respecto de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral 21.015 y sus reglamentos recientemente promulgados.

En la cita se analizaron los fundamentos jurídicos que sustentan la Ley, las materias involucradas en el ámbito privado, los mecanismos de fiscalización, la entrada en vigencia, el proceso de evaluación, entre otras materias. El énfasis estuvo puesto en la publicación de los Reglamentos de la Ley 21.015, y como estos deberán operar una vez entrada en vigencia.
Ley N°21.015

La ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2018, y será evaluada al tercer año para medir el real impacto de la cuota en el empleo para personas con discapacidad y la eventual mantención o aumento del 1%.

Posteriormente, será obligación permanente de los ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social evaluar ley cada 4 años, considerando la naturaleza cambiante del mercado laboral, y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. Ambos ministerios deberán emitir un informe al Congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deben acogerse a la norma.

La normativa suprime la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.

Actualmente, en el sector privado hay más de 7.600 empresas que tienen 100 o más trabajadores. Se podrán habilitar más de 25.000 cupos laborales para personas con discapacidad. En el sector público hay 158 instituciones (sin contemplar municipalidades ni personal administrativo de Fuerzas Armadas), las cuales deberían habilitar alrededor de 2.500 cupos laborales para personas con discapacidad.

De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de las personas de 18 años o más del país está en situación de discapacidad; es decir, más de dos millones seiscientas mil personas. Sólo el 39,3% tiene empleo.