Roberto Cerri, Secretario Ejecutivo del Fonadis en la apertura de la jornada
21/12/2009
Fonadis organiza jornada de discusión sobre Política Nacional para las Personas con Discapacidad
Lunes 21 de diciembre de 2009. El Fondo Nacional de la Discapacidad realizó una actividad para evaluar la Propuesta de Política Nacional para las personas con discapacidad, con el propósito de conocer, reflexionar y comentar el documento avanzado por la sección de Estudios e Integración Programática del Fonadis, y a través de la cual se quiso contar con importantes aportes y participación de los representantes de las personas con discapacidad y especialistas en la temática.
La actividad realizada en el Hotel Fundador contó con la presencia del Subsecretario de Planificación, Eduardo Abedrapo; del Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad, Roberto Cerri; representantes de las distintas organizaciones de y para personas con discapacidad, funcionarios del Fonadis y los Coordinadores Regionales de la institución.
La jornada fue un punto de encuentro entre la sociedad civil y la institucionalidad pública para profundizar la discusión del documento. Un espacio de participación para alimentar una propuesta que debe ser enriquecida considerando la opinión de las personas involucradas y sus representantes.
El Fondo Nacional de la Discapacidad tiene el gran desafío de impulsar y promover la Política Nacional de la Discapacidad de nuestro país, como un instrumento que debe ser construido a través de la consulta ciudadana y con la participación efectiva de las organizaciones sociales llamadas a esta labor.
En este sentido las palabras del Secretario Ejecutivo del Fonadis, Roberto Cerri, reafirmaron la necesidad de una nueva política en el marco de los desafíos de la Ley y las convenciones internacionales. Al respecto, la autoridad institucional, subrayó, “la política se constituye en “el deber ser” del Estado, es el impulsor y garante principal de las condiciones de todo orden que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad. Debe transformarse en un instrumento eficaz que permita dar cuenta de los imperativos otorgados por el nuevo marco legal y por los requerimientos internacionales. La política debe ser operacionalizada participativamente en un nuevo Plan de Inclusión que permita concretar con programas y acciones específicas la oferta del Estado, expresada territorialmente.
Por último, Chile debe disponer de los instrumentos para velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, evaluar sus resultados y conocer cómo impactan en la gente”, concluyó el Cerri.
En tanto, el Panel de Discusión estuvo integrado por: María Soledad Cisternas, abogada, miembro de la Comisión de Expertos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Patricia Roa, Oficial de Programación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Cynthia Duk, Directora de la Escuela de Pedagogía de Educación Diferencial de la Universidad Central. Fernando Contreras, Jefe de la Sección de Estudios e Integración Programática del FONADIS, todos quienes dieron a conocer su perspectiva y las observaciones a tomar en cuenta en relación a los contenidos que abordará la nueva Política Nacional.
Por su parte, y en el ámbito del Derecho, María Soledad Cisternas, destacó la labor realizada por Fonadis en la elaboración de la Política Nacional y que el documento esté basado en los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, en los Derechos Humanos de las personas.
Asimismo, la abogada manifestó la importancia de que la política nacional complemente lo que la nueva ley de discapacidad no señala. También se refirió a aquellos aspectos que se deben reevaluar, como por ejemplo: incorporar los conceptos utilizados por la Convención internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y materias de ésta.
La experta señaló algunos temas que deben se profundizados, tales como; Autonomía, sobre los Cuidadores, Eliminación de Discriminación, sobre los Derechos Civiles, acceso a la justicia y a la cultura, donde precisó que debe existir un mayor compromiso y no sólo dirigirse a la acción de promover; acceso al Deporte considerando el apoyo cuando es masivo, competitivo y de alto rendimiento y los Ajustes Razonables, según el caso.
Finalmente, puntualizó que la política pública debe ser coherente con la realidad chilena y no sólo suscrita al ámbito público sino que también se debe idear una estrategia para traspasarla al sector privado.
En tanto que, Cynthia Duk, en el área de Educación, mencionó que para nuestro país esta etapa es muy promisoria en cuanto a los nuevos hechos ocurridos como es la aprobación de la futura ley de discapacidad y la elaboración de la política nacional, considerando la visión histórica que se contempla en ella y, que además, la temática de la discapacidad ha logrado mayor presencia, desde hace 15 años, en nuestro país y en el mundo.
En su intervención, la profesional, se refirió a que la política nacional es un documento robusto, muy bien fundamentado y moderno. Sin embargo, también su énfasis estuvo centrado en lo conceptual, donde es bueno que se hable sobre el Derecho a la Educación aún así, igualmente, de las Necesidades Educativas Especiales. La profesional en Educación recomendó consultar la Ley General de Educación, LEGE, con el objeto de que la política incorpore lo que la regulación ya ha establecido en esta materia. Destacó que es trascendental el Derecho a una Educación Inclusiva de Calidad, que asegure a la persona los aprendizajes, el progreso a lo largo de la educación regular y la certificación de sus estudios. Por lo tanto, la política pública tiene que ser clara, flexible y accesible para avanzar hacia una política de inclusión, desde donde se brinden las orientaciones y medidas que el sistema social debe contemplar.
Ya en materia Laboral, Patricia Roa, coincidió con el enfoque de Derecho de las Personas que debe contener el documento, aludiendo a que la OIT promueve el Trabajo Decente, aspiración que aboga por un empleo, un ingreso y protección para el trabajador. Por lo tanto, los acuerdos y participación involucran a empleadores, trabajadores y al gobierno.
A esto la especialista agregó que la política nacional de empleo es la que debe contemplar las medidas que promuevan el trabajo para todas las personas sin exclusión y en forma transversal. Por lo cual, la política pública en este aspecto debe trasladarse a la empresa y al ámbito del trabajo independiente y al del microemprendimiento.
La representante de la OIT, indicó la importancia de generar las mejores condiciones laborales para las personas con y sin discapacidad, pues el lugar de trabajo es donde transcurre gran parte de la vida del trabajador y trabajadora. Por lo cual, deben procurarse medidas básicas, desde la igualdad de oportunidades, una política de la empresa que asegure protección, una legislación nacional que debe estar en armonía con las normativas relacionadas al empleo, representación de los trabajadores con discapacidad en el ámbito sindical, programas y buenas prácticas de la empresa en el ámbito de la inclusión laboral, entre otras.
La política pública, según expresó Patricia Roa, deben promover los Derechos de las Personas con Discapacidad en forma clara y precisa, existiendo un desafío tripartito y no sólo gubernamental.
Posteriormente a las intervenciones de los panelistas, se realizaron las consultas por parte de los asistentes y representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad, quienes manifestaron aspectos centrados a la no consideración de la persona sobre todo cuando presentan una deficiencia psíquica y mental, donde aún la persona no es reconocida como tal para realizar trámites personales o en el servicio público. O bien son sujetos de discriminación. Lo mismo ocurre frente a las restricciones al acceso a la educación y los derechos asociados a la participación efectiva de las personas cuando presentan discapacidad visual y discapacidad auditiva al no contar con las herramientas o dispositivos que faciliten la información y comunicación.
La jornada tuvo una evaluación positiva en cuanto a incorporar las observaciones y opiniones expresadas sobre la propuesta de la Política Nacional. Y con ello, contar con una propuesta moderna, inclusiva y que blinde de derechos las acciones orientadas al bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su funcionamiento.
