La Presidenta Bachelet dando su discurso.
03/02/2010
Mandataria promulga Ley de Discapacidad
Santiago, 3 de febrero de 2010. En una masiva ceremonia efectuada en el Patio de las Camelias de la Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada de la ministra de Planificación, Paula Quintana; María Olivia Recart, ministra de Hacienda (S); Roberto Cerri, Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad, altas autoridades políticas, representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, entre otros, se hizo realidad la promulgación de la nueva Ley, luego de cuatro años de tramitación en el Congreso.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó esta mañana la Ley Nº20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad, modificando la legislación vigente desde 1994. "Lo que estamos diciendo con esta ley que acabamos de promulgar es que para alcanzar plena igualdad en el respeto a nuestros derechos humanos, la legislación debe reconocer las diferencias que afectan a las personas con discapacidad", subrayó la Mandataria.
En la oportunidad, la ministra de Planificación, Paula Quintana señaló que “contamos con esta nueva ley que entrará en vigencia a partir de ahora, pero sin duda, se presentarán nuevos desafíos en la fase de implementación y en esa etapa, todos los que estamos profundamente comprometidos con un Chile más inclusivo y respetuoso de la diversidad, debemos mantenernos vigilantes y ayudar a empujar estos cambios para que toda la sociedad los asumo como propios”.
La Presidenta de la República señaló que en el país, "más de 2 millones de personas (12,9%) presentan algún nivel de discapacidad, y de ese grupo, cerca de la mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar en forma autónoma las actividades esenciales de la vida cotidiana".
En esa línea, explicó que el nuevo marco legal promueve la cooperación público-privada, "entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad", por lo cual manifestó que se requieren avances en materia de atención, servicios, acceso a la información y soporte institucional.
Añadió que "este proyecto tiene una mirada distinta y ve a la discapacidad no como un problema de salud o una enfermedad, sino como un conjunto de condiciones que muchas veces son creadas por el contexto o el entorno social", agregando que la nueva legislación busca "asegurar el pleno ejercicio de sus derechos y la no discriminación", estableciendo "mecanismos compensatorios que efectivamente nivelen las posibilidades de todos".
Al respecto, la Jefa de Estado aseguró que "hemos colocado en el centro del gobierno nuestra política social, con la idea fundada en el derecho de cada uno de los chilenos o de todas las personas que habitan en nuestra patria, a tener acceso a las mismas oportunidades, sin importar la etnia, la edad, la condición física, económica o el lugar donde se nace", remarcando que "ese cuidado por las personas es el que subyace en esta nueva ley".
Recordó que el país ha suscrito diversos instrumentos internacionales sobre la materia, "siendo el más emblemático de ellos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad", precisando que era necesario "revisar nuestra legislación, las herramientas con las que contábamos y lo que nos faltaba, eliminando los criterios y prácticas que, en los hechos, terminan negando la igualdad de oportunidades".
En este marco, la Presidenta Bachelet anunció el establecimiento de "una moderna institucionalidad pública para relevar la discapacidad como un aspecto central de las políticas públicas", con la creación del Servicio Nacional de la Discapacidad, "heredero del actual Fonadis, pero con mayores atribuciones y representación a nivel regional", añadió que también habrá otras instancias gubernamentales responsables del tema, como un Comité de Ministros de la Discapacidad y un Consejo Consultivo.
Asimismo, informó que se agilizarán los procesos de calificación y certificación de la discapacidad, ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Junto con ello, sostuvo que "se asegura el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones públicas y privadas", al tiempo que "se perfeccionan las normas sobre estacionamientos preferentes" y "se incorporan medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al sistema educacional y al mercado del trabajo".
La Mandataria explicó que la nueva ley reconoce la lengua de señas como medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva, precisando que en un plazo que será determinado por el reglamento correspondiente, "los canales de televisión deberán generar posibilidades de acceso a su programación para personas sordas".
Destacó, además, que se creará una acción judicial especial para las personas con discapacidad que "por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de estos derechos", reafirmando que "cada una de estas medidas es una contribución no sólo para quienes viven con algún tipo de discapacidad, sino para todos los chilenos y chilenas".
Finalmente, la Jefa de Estado aseguró que "es necesario, en esta y en todas las áreas de protección social, ir mucho más allá del asistencialismo o el mero proteccionismo", resaltando que "la verdadera integración de todas las personas que viven con alguna discapacidad consiste en promover la efectiva equiparación de las posibilidades para que puedan realmente integrarse a la comunidad".
Principales beneficios de la nueva Ley
De acuerdo a estadísticas de Fonadis, en Chile más de dos millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, lo que representa el 12,9% de la población total. De ellas, cerca de un millón tiene graves dificultades para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse y superar las barreras que plantea el entorno.
Entre otras, la nueva legislación convierte en ley las siguientes acciones:
Los medios de comunicación deberán utilizar subtitulado oculto y lengua de señas en campañas de servicio público, propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales.
Los medicamentos, alimentos de uso médico y cosméticos deberán contar con rotulación en lenguaje Braille que informe el nombre del producto, fecha de elaboración y vencimiento.
La totalidad de los medios de transporte público deberán realizar las modificaciones necesarias para asegurar el acceso de personas con discapacidad.
Consagra el deber del ministerio de Educación de considerar a los alumnos con necesidades especiales en las mediciones de calidad de la educación como por ejemplo, el SIMCE y la PSU. Con este fin, se establece que la autoridad deberá disponer de las herramientas que permitan a estos estudiantes participar de dichos procesos.
Todos los edificios de uso público existentes a la fecha de publicación de la Ley deberán ser accesibles para personas con discapacidad, dentro de un plazo de 3 años desde que se dicte su reglamento.
Todos los procesos de selección para acceder a educación, capacitación o empleo deberán contar con exámenes adaptados para personas con discapacidad.
El Ministerio de Vivienda deberá contemplar subsidios especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a las personas con discapacidad.
Los establecimientos educacionales deberán hacer las adecuaciones curriculares, en infraestructura y materiales de apoyo para el acceso y permanencia de las personas con discapacidad.
En los procesos de selección de personal de la Administración del Estado y sus organismos, municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, en igualdad de condiciones de mérito deberán seleccionar preferentemente a personas con discapacidad.
Otras materias de interés
Dentro de las medidas más relevantes se establece una moderna y robusta institucionalidad pública destinada a relevar la discapacidad como un tema central de las políticas públicas, generando instituciones e instrumentos, tales como el Comité de Ministros de la Discapacidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad y un Consejo Consultivo.
De igual modo, se refuerzan las medidas que promueven la cooperación público-privada, haciendo hincapié en que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y es deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de estas personas.
Con la aprobación de esta ley, se da cumplimiento a uno de los compromisos más sustantivos adquiridos por el país, al suscribir y luego ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, instrumento que fue aprobado en forma unánime por el Congreso Nacional en 2008 y que impuso el desafío de adecuar progresivamente nuestra legislación interna y nuestra institucionalidad pública a los estándares definidos en dicha Convención.
