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Autoridades comparten con trabajadores de la empresa.
Autoridades comparten con trabajadores de la empresa.

04/04/2018

Gobierno da a conocer entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral

Seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, señaló que 520 empresas maulinas deberán acogerse a la normativa, la cual establece que empresas e instituciones públicas con cien o más trabajadores contraten un 1% de personas con discapacidad.

TALCA, 4 de abril de 2018. Hasta la Fábrica de Accesorios y Muebles de Oficina (Faymo) de Talca llegó el seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, junto a su par de Trabajo, Pilar Sazo, y la directora de Senadis, Carla Matteo, para dar a conocer que desde el 1 de abril ya está en marcha la esperada Ley de Inclusión Laboral.

Las autoridades hicieron un llamado tanto a las empresas públicas como instituciones privadas a aprovechar la oportunidad de mejorar el ambiente trabajo con el aporte de personas en situación de discapacidad, tal como sucede en Faymo, donde trabajan ocho personas que viven con discapacidad.

La Ley de Inclusión Laboral tiene por objetivo asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión, tanto en el ámbito público como privado a través de una reserva legal de empleo, que llega al 1% para las empresas con cien o más trabajadores. Además, elimina la discriminación salarial que existe respecto de los empleados con discapacidad mental, entre otras medidas.

El seremi Prieto señaló que “como Gobierno creemos firmemente en la construcción de una sociedad inclusiva, que valore la diversidad y dé espacio para el desarrollo de las potencialidades de todas las personas. Tenemos una estimación de 520 empresas que deberán acogerse a esta normativa en la región, donde contamos con 155 mil personas en situación de discapacidad. El llamado es a las empresas e instituciones públicas a que vean esta iniciativa como una oportunidad. Acá en Faymo hemos visto que trabajan con total normalidad, mejorando el clima laboral y con un enorme compromiso”.

Por su parte, la seremi del Trabajo añadió que “hoy tenemos una reglamentación que hace efectiva la igualdad de oportunidades. Realizaremos una inspección colaborativa junto a la Inspección del Trabajo, donde acompañaremos a las empresas para que implementen la normativa de la mejor forma posible”.

Durante la visita a la fábrica, las autoridades se reunieron con los dueños de la fábrica, para posteriormente recorrer los puestos de trabajo de las ocho personas en situación de discapacidad que forman parte de las 140 personas que trabajan en el lugar.

Al respecto, el gerente de Finanzas y Administración de Faymo, Andrés Díaz, indicó que “es una oportunidad para la empresa y los trabajadores el generar este tipo de alianzas y ha sido tremendamente exitosa. Nos enorgullece ser ejemplo para el país e invitamos al resto de las empresas a que nos consulten porque son un aporte como cualquier otra persona”.

LA LEY

La Ley de Inclusión Laboral propone un 1% de cuota laboral para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civil y militar) y empresas que tengan cien o más trabajadores.

Además, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad y deroga el artículo N° 16 de la Ley N° 18.600 que señala que “el contrato de trabajo que celebre una persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo”.

La Dirección Nacional del Servicio Civil y Senadis serán los responsables de velar por su cumplimiento en el caso del sector público, y la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos en el caso de las empresas privadas.
Mientras que los Ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo evaluarán la ley cada cuatro años (tres en una primera instancia), teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión.

Cabe consignar que en el sector privado hay más de 7 mil 600 empresas que cumplen con el requisito de tener cien o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos laborales para personas con discapacidad. En el caso del sector público, hay 158 instituciones que podrían habilitar 2 mil 500 puestos de empleo.