Panel de expertos que analizaron acceso a la justicia de personas con discapacidad.
10/05/2018
Expertos analizaron acceso a la justicia de personas con discapacidad
Concepción, 10 de mayo de 2018. La Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, a través de su carrera de Derecho, y la Dirección de Formación Integral de la casa de Estudios, realizaron en la sede Concepción el plantel el seminario “Derechos de las personas en situación de discapacidad en el ámbito del Acceso a la Justicia: experiencias, alcances y desafíos”. El encuentro contó con la participación y financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis Biobío.
Tras el saludo de Fernando Quiroga, vicerrector de la USS Concepción, y las palabras de Rafael Rosell, decano de la Facultad de Derecho y Gobierno USS, Fabián Riquelme, director Nacional de Estudios de la Universidad San Sebastián, dio a conocer los resultados de la encuesta realizada por la institución académica en la región del Biobío, respecto de la Percepción que los Habitantes tienen sobre el Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Discapacidad.
Se trata de un estudio cuantitativo, realizado a mujeres y hombres de 18 años o más, en el mes de abril, vía telefónica con cuestionario estructurado, aplicado entre el 11 y el 16 de abril de 2018 en la región del Biobío. “El 12% de los entrevistados manifestó poseer algún tipo de discapacidad. De ellos, 33% tiene pensión de invalidez, y 20% credencial de discapacidad”, explicó Riquelme.
Un 77% dijo no conocer al Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, y un 89% no sabe qué es el Programa de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad. Nuevamente un 77% estimó que una persona en situación de discapacidad sí puede ejercer como juez o jueza de la República; un 85% opinó que persona en situación de discapacidad puede desempeñarse como defensor penal o laboral, y un 81% aprobó la misma situación, pero con la figura de “fiscal”.
Asimismo, las personas encuestadas, en cifras más o menos similares, se mostraron abiertas a ser juzgado, investigado o representado por un juez, fiscal o abogado en situación de discapacidad. “Un 30% consideró que tener algún tipo de discapacidad dificulta el acceso a la justicia. Sin embargo, existe confianza en que las personas en situación de discapacidad recibirían una pena similar que el resto, frente a un mismo delito (81%)”, puntualizó Fabián Riquelme.
Trabajo gubernamental
María Ximena Rivas, ex directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS (2010 al 2014), y actual Asesora en Discapacidad del Gabinete del Ministro de Desarrollo Social, se refirió de manera más específica al tema de los ajustes y adaptaciones a implementar para que las personas en situación de discapacidad accedan a la justicia.
“Aquí no debemos olvidar que los mismos derechos que ejercen las personas sin discapacidad deben ser ejercidos por quienes sí poseen alguna condición diferente. El Estado de Chile reconoce igualdad de condiciones, por lo tanto le corresponde intervenir para garantizar esos derechos”, aseveró la actual asesora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Acciones del sistema judicial
El ministro Lamberto Cisternas analizó la situación nacional a través de su conferencia “La Discapacidad desde el Punto de Vista del Sistema Judicial Chileno”, en la que se remitió a la evolución histórica, basándose fundamentalmente en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (2002), y en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana (2014, efectuada en Santiago de Chile).
“Debemos destacar en primer el derecho a la accesibilidad, como condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos; como contenido específico del derecho a no ser discriminado, y que da pauta a la efectiva realización de la igualdad de oportunidades. También como un derecho independiente, que da pauta para que sea considerada como un medio para la prevención de la discapacidad misma: a través de la accesibilidad se puede evitar el surgimiento de las barreras que provocan discapacidad en las personas, impidiendo su participación e inclusión social”, dijo.
En segundo orden destacó el derecho de acceso a la justicia. “En la Convención Americana de Derechos Humanos, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad se encuentra reconocido en el capítulo 13. Establece la obligación para las autoridades judiciales de asegurar el acceso a la justicia a las personas con esa condición, asegurando que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que la persona con discapacidad pueda ejercer su derecho en igualdad de condiciones que el resto de la población, debiendo para ello realizar los ajustes que se requieran en el procedimiento y que sean adecuados para garantizarlo”, precisó.
Cisternas, antes de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia (desde diciembre del 2012) fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y relator en ese tribunal y en la Corte Suprema. Ha ejercido la docencia universitaria en diversas universidades, y forma parte del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Está a cargo del Proyecto Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables del Poder Judicial desde el 2015.
Adecuaciones y modificaciones
“Me gusta más hablar de toma de conciencia en vez de “sensibilización”, ya que ésta última apunta a aspectos más “afectivos”. Hablar de toma de conciencia implica reconocer que el otro tiene los mismos derechos que yo, aunque tenga capacidades diferentes. Contribuye a derribar prejuicios”, señaló María Soledad Cisternas, referente mundial y experta en temas de derechos humanos, discapacidad e inclusión.
“Se debe efectuar un ajuste a los procedimientos para acceder a la justicia, para que la persona en situación de discapacidad pueda cumplir un rol efectivo y no nominal, aportando desde sí mismo. Y esos ajustes pueden ser de la más variada índole, cuando la persona en situación de discapacidad es demandando, demandante, es querellado, querellante, víctima o testigo. Cualquiera sea su rol”, afirmó.
Cisternas es abogada y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue miembro, y dos veces presidenta, del Comité Ad-Hoc encargado de elaborar el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (próximo a ratificación universal). Actualmente se desempeña como enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad.
El seminario, que contó con numeroso público, finalizó con un panel de conversación con los asistentes, moderado por Carlos Salazar, director de la Escuela de Derecho de la U. San Sebastián.
